Noticias Mindalia.- A raíz del acuerdo que han firmado los países de la Unión Europea (UE) sobre la revisión de la legislación comunitaria en relación a los transgénicos, se ha vuelto a reabrir el debate sobre sus beneficios o perjuicios.
A pesar de que la iniciativa ha sido respaldada por todos los estados menos por Bélgica y Luxemburgo, que se han abstenido, son muchos los países, entre ellos España, que confían en este tipo de productos y apuestan por su desarrollo.
El acuerdo garantizará el derecho de los estados que quieran prohibir el cultivo de transgénicos, aunque no podrían impedir el comercio en su territorio. La ministra española de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha manifestado que espera que ‘la toma de decisiones sea más fluida y mejore el procedimiento de autorización’- y matiza- ‘Tenemos un procedimiento de autorización modélico en términos de seguridad, y la constante confrontación de opiniones en el Consejo merman su eficacia, restando credibilidad al trabajo de los organismos de evaluación de riesgo’.
En este sentido, Tejerina ha sido contundente. ‘Para España es importante el avance que se ha logrado, llevábamos mucho tiempo tratando de desbloquear la situación actual, ya que nuestro fin es apoyar las decisiones tomadas sobre las evaluaciones de los científicos respecto a las autorizaciones de nuevos transgénicos.
La ministra ha explicado que aunque el organismo encargado de evaluar el impacto de los transgénicos en la salud, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA), ha emitido informes favorables al respecto, ‘nos encontrábamos en una situación de bloqueo que hace que la UE está siendo de facto una isla en el desarrollo de la biotecnología aplicada a la agricultura’.
Este acuerdo europeo no ha sido bien recibido por los ecologistas ya que consideran que tiene muchas lagunas legales y supone riesgos. ‘Los países que decidan finalmente prohibir el cultivo de transgénicos en su territorio carecerán de herramientas para defenderse en los tribunales ante los potenciales pleitos que las multinacionales propietarias de transgénicos planteen’, denuncian desde Greenpeace.
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