En Australia, se planeaba expandir la mina de carbón Vickery, que provocaría una emisión de 370 millones de toneladas de carbono en los próximos 25 años.
Ante esto y, con el proyecto prácticamente aprobado por el gobierno, ocho adolescentes y una monja de 86 años solicitaron una orden judicial para evitar la nueva legislación, alegando que los dirigentes de cada país deben proteger a los jóvenes de la crisis climática.
Abogados de todo el mundo han apoyado la iniciativa y, finalmente, la protesta ha recibido sus frutos.
El gobierno australiano ha paralizado el proyecto. “De acuerdo con los últimos acontecimientos, el ministerio de Medio Ambiente no podrá adoptar medidas que dañen a los menores”, aclara el juez.
Aún así, aún queda mucho por hacer. El Tribunal mantiene abierta la posibilidad de presentar nuevas alegaciones por parte de la empresa minera, que prueben la utilidad de su expansión. Estos, se basan en la contribución al desarrollo económico en la región, pues la ampliación de la mina proporcionaría un beneficio de unos 869 millones de dólares a Nueva Gales del Sur.
Ahora bien: ¿Qué es más necesario? ¿Esa recaudación o la amabilidad con el medio ambiente? Aún está por determinarse.